Alfonso Serrano y Julián Morcillo durante su comparecencia de prensa                                         Foto: GACETA

         Aurelio Maroto

         La Unión de Pequeños Agricultores se rebela contra la obligación de destilar vino para alcohol de uso industrial y anuncia una manifestación de protesta para el próximo martes, día 29, frente a la consejería de Agricultura, en Toledo. El secretario regional de UPA, Julián Morcillo, cree que el acuerdo firmado el pasado 9 de julio en el Ministerio de Agricultura “tendrá consecuencias devastadoras para el sector”.

         En rueda de prensa previa a una asamblea celebrada en La Solana, Morcillo justificó el rechazo de su organización a la obligación de exigir a las bodegas con existencias a 31 de julio la retirada obligatoria de hasta 4 millones de hectólitros para convertirlos en alcohol industrial. Según UPA, provocará una caída de los precios. “El litro de alcohol está a 30 céntimos y hacen falta diez litros de vino para sacar uno de alcohol, que saldrá a 3 céntimos”. Eso –añadió- sin contar los costes de producción y transporte. “Se llevará el vino sin saber si nos pagarán o encima tendremos que pagar; además, las destiladoras nos están esperando”.

         El responsable de UPA dijo no entender la decisión del ministerio, pero mucho menos la adhesión de la consejería. “No ha sabido valorar la dimensión del problema y ha dejado solos a los agricultores para no contrariar al ministerio”. También cree que Madrid ha buscado la unanimidad del sector “a fin de evadir su propia responsabilidad”.

         UPA apuesta por una destilación de crisis como la mejor solución, pero Morcillo lamentó que ni siquiera se les haya permitido debatir la medida. Recordó que la Unión Europea permite gastar hasta 53 millones para una destilación de crisis con ayuda pública.

Impacto en la economía manchega

         En la rueda de prensa también intervino el secretario local, Alfonso Serrano, igualmente molesto por un acuerdo que considera perjudicial. “Esta situación afecta a los agricultores solaneros, pero también a nuestra economía en general”. Se mostró convencido de que lo acordado en Madrid afectará a las pequeñas y medianas explotaciones familiares, “podrían desaparecer muchas y convertir a Castilla-La Mancha en un desierto”.