Aurelio Maroto

     Una joven solanera de 28 años, cuyas iniciales son G.O.P., se enfrenta a una pena de seis años y tres meses en cárcel por un presunto delito de tráfico de drogas. Según informa el diario Lanza, en un artículo de nuestra compañera Belén Rodríguez, una menor de edad con la que mantuvo relación en el verano de 2010 la acusa de haberle ofrecido cocaína gratis “dos o tres veces”, propuesta que la chica, que entonces tenía 15 años, siempre rechazó, según explicó ayer en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que enjuicia el caso.

La menor sostiene que G.O.P. le ofreció una ‘raya’ de cocaína en los baños de la discoteca Milenium, y ante su negativa le dijo: “no sabes lo que te pierdes” y la amenazó diciéndole que le iba a cortar el cuello si lo contaba. Por este episodio, la fiscalía pide una pena de multa de veinte días a razón de 12 euros diarios por una falta de amenazas.

          La acusada lo niega todo, aunque reconoce que ella y su grupo de amigos, todos varones mayores de edad de nacionalidad búlgara y rumana, se relacionaron con las menores “en el parque” y que celebraban fiestas en su casa donde iba la denunciante y sus amigas, en las que “se bebía cerveza pero no se consumían drogas” –sostiene-. Aunque admite que ella sí ha consumido cocaína, declaró que “nunca con menores de por medio”. No obstante, esta chica dice que antes de conocer a Gema (con 15 años) ya bebía y fumaba porros.

     Otra adolescente de 16 años, también del grupo, declaró que fue en tres ocasiones y no más de media hora al domicilio de la acusada, pero que no consumió drogas ni la acusada se las ofreció.
En cuanto a las amenazas, sí ratificó que en una ocasión escuchó a la G.O.P. dirigirse a la denunciante diciéndole que como se “chivara le iba a cortar el cuello”.

     Para la fiscalía los testimonios denotan que Gema O.P. promocionó el consumo de drogas, con el agravante de que lo hizo entre menores, sin embargo para la defensa la calificación del caso es desproporcionada y carece de prueba suficiente.

Juicio a un aparejador municipal

 

         Por otra parte, y también relacionado con tribunales, uno de los aparejadores municipales se ha enfrentado a un proceso judicial que ha finalizado con una suspensión de seis meses y una multa. El Ministerio Público ha concluido que el citado funcionario, A.S.A., cometió una falta por imprudencia grave al firmar una obra que no había visitado.

         El juicio, que estaba previsto celebrar este miércoles en la Audiencia Provincial, no llegó a celebrarse por que defensa y fiscal alcanzaron un acuerdo de conformidad, aunque el aparejador se personó en el Palacio de Justicia a la hora fijada.

         El caso se remonta al año 2009, cuando una vecina solicitó permiso para enlucir dos habitaciones y un suelo de pavimento en su vivienda. Un tiempo después, el vigilante de obras comprobó que los trabajos en este inmueble excedían de lo estipulado y el propietario no tenía licencia para ello. El período de pruebas abierto por el Ayuntamiento concluyó con un informe firmado por el funcionario afirmando que visitó las obras, cuando en realidad no fue así.