La concejala María Pérez durante su comparecencia     Foto: GACETA

         Aurelio Maroto

         Izquierda Unida de La Solana cree que la nueva táctica del alcalde de retrasar las respuestas a sus preguntas al pleno siguiente, y por escrito, es una falta de respeto al pueblo. La concejala María Pérez asegura que, aunque es legal, desmiente la transparencia de la que el regidor tanto presume. Puso como ejemplo la Junta de Gobierno Local, cuyas actas no se hacen públicas a pesar de que –dijo- “lo llevaban en su programa electoral”. Vinculó ese oscurantismo a la proliferación de tantos casos de corrupción, no en La Solana, sino a nivel general. “Dando más explicaciones de la gestión no desayunaríamos cada día con casos como Pujol, los ERE, la Operación Púnica o tantos pelotazos urbanísticos”.

         En este sentido, aclaró que cuando IU pregunta cosas en La Solana no acusa de nada, sólo pregunta. Pero sí sospecha que hay cosas de las que el equipo de Gobierno no quiere hablar. “En el pleno de septiembre hicimos catorce o quince preguntas y las respuestas llegaron cinco minutos antes del pleno siguiente en treinta líneas”. Pérez defendió el derecho de su grupo a preguntar cuánto y cuándo quieran, citando varios artículos de la Constitución y la Ley de Bases de Régimen Local que así lo contemplan.

         Citó varios ejemplos, entre ellos un contrato renovado durante 21 años sin proceso selectivo. “El alcalde contestó que estudiarán el tema y antes de finalizar ese contrato tomarán una decisión”. Y al solicitar un informe jurídico “nos dice que los pide el alcalde”. También preguntaron por un pago de 34.220 euros por un informe jurídico. Según la concejala, el alcalde respondió que debían haber preguntado al anterior alcalde que lo autorizó, “imposible porque, hábilmente, ordenó el pago el 30 de mayo de 2011, pasadas las elecciones”. La misma respuesta que sobre la condena a un funcionario municipal, cuya defensa se habría costeado con dinero municipal. Pero en este último caso, asegura que el pago se aprobó bajo mandato de Luis Díaz-Cacho, el 6 de agosto de 2012. “Sólo pedimos un informe de legalidad por este pago; se ha condenado a concejales por aprobar la defensa de un imputado, no ya de un condenado”. Sobre el Centro de Artes, criticó que el ascensor “no ha funcionado nunca” y que el alcalde no haya contestado sobre si la obra está totalmente pagada.

        María Pérez insistió en el derecho a preguntar sin límite de tiempo, como recoge el Régimen Jurídico de Entidades Locales. “No preguntamos porque seamos cotillas” –concluyó-.