Javier Abeleida acudió a La Solana para informar sobre este caso                     Foto: GACETA.

         Aurelio Maroto

         Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha estudia acciones legales contra la encuesta que la Junta está realizando a parados de la región. Denuncia que haya pagado un millón de euros a una empresa para contactar con los desempleados y “reclasificarlos”. Según el sindicato, puede provocar la pérdida del derecho a percibir prestaciones, y sospechan que el gobierno regional pretende maquillar los datos del paro a la baja. Una treta que, además, consideran electoralista a medio año vista de las autonómicas.

Javier Abeleida, adjunto a la secretaría regional de empleo de CCOO, criticó en La Solana esta encuesta, que se realiza vía telefónica o telemática “Preguntan de manera agresiva para conocer tu empleabilidad, y al final contestas que no la tienes”. “Días después te comunican una nueva demanda de empleo con cambios, sin tu consentimiento”. Según Abeleida, te pasan de ser demandante con intermediación a no tenerla, “sólo estás apuntado pero sin posibilidad de acceder a cursos u otras ofertas”. Hay casos donde un parado con dos años inscrito al paro ha perdido esa antigüedad tras contestar a la encuesta –afirma el sindicalista-.

Todo apunta a que es ilegal variar unilaterlamente esa antigüedad. “Entendemos que sí, porque no hay consentimiento expreso del parado”. Esto puede provocar la pérdida de prestaciones reconocidas, en especial a la población activa de más edad. “Afecta más a personas con convenios de prejubilación, que exige seis meses como demandante de empleo; si les retrasan la fecha, ya no cumplen”. Algo similar ocurre con los adscritos al programa Prepara, que cobran 426 euros y tienen como requisito un compromiso de actividad, “si no tienen esa búsqueda activa pierden la prestación”. También consideran ilegal que una empresa privada solicite datos personales y los modifique sin autorización.

CCOO cree que el objetivo último de la Junta es bajar los datos oficiales del paro, “gastan un millón de euros para camuflar los datos del paro registrado, aunque esos desempleados sigan figurando como demandantes”. Para colmo, a muchos de estos parados de 50 años o más con renta activa de inserción o están cerca de prejubilase “se les pasa a código de estudiantes”. Javier Abeleida lamenta que la consejera de Empleo niegue la evidencia y asegura que hay gente dentro del propio Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha (Sepecam) “que nos cuenta lo que está sucediendo de verdad”.