El juicio contra el empresario solanero acusado de apropiación indebida y falsedad documental se aplazó hasta que la Caja Rural aporte más documentación sobre el caso. La acusación particular asegura que la cantidad presuntamente apropiada de manera ilícita por Santos Reguillo, en sus tiempos de presidente de la Asociación Provincial de Artesanos, supera los 103.000 euros denunciados en un primer momento. En concreto, cifra en 255.000 la cantidad que habría detraído en operaciones donde supuestamente habría falsificado la firma del tesorero de la asociación. El presidente del tribunal ha dado un plazo a la Caja Rural para que aporte esa documentación.
     Entre tanto, la defensa, ejercida por la letrada María Teresa Ontanaya, ha solititado la libre absolución de su cliente al considerar que no será posible acreditar las acusaciones contra él. Conviene recordar que la fiscalía pide cinco años de prisión y la reposición del dinero presuntamente estafado a la asociación.